Parecía un desatino surrealista. Y, afortunadamente, solo duró unos días. La secretaría de Comercio del Gobierno argentino contactó ayer con las principales asociaciones de la industria editorial para comunicarles que las últimas disposiciones habían sido malinterpretadas por el servicio de Aduanas y en unas horas todo volvería a la normalidad. Con esa decisión, el ciudadano común no se verá obligado cada vez que reciba un libro por servicio de mensajería desde el extranjero a pagar el equivalente a unos 50 euros en concepto de tasas y a viajar al aeropuerto internacional de Buenos Aires para retirar su mercancía. Y los editores no tendrán que contratar los servicios de un despachante de aduana cada vez que reciban por mensajería unos cuantos libros.
La medida se puso en práctica a raíz de que el pasado 12 de marzo entrase en vigor una resolución por la que se prohibía la publicación y difusión de libros que posean en sus tintas un contenido de plomo superior al 0.06%. El pretexto justificado en la propia norma era proteger la salud de la población. Pero en realidad se pretende fomentar la impresión de libros en el país y reducir la salida al exterior de dólares.
Esta última disposición venía a sumarse a otras que durante el último año han dificultado la llegada de libros impresos en el extranjero. Varios editores habían advertido a los responsables de la Secretaría de Comercio de que se iba a generar un gran rechazo en la sociedad cuando los ciudadanos tuvieran que retirar los libros en el aeropuerto de Ezeiza, a 35 kilómetros de Buenos Aires. Sin embargo, la norma salió adelante. La semana pasada fue adelantada porLa Nación y poco a poco se fueron generando cientos de protestas en las redes sociales. Un grupo de intelectuales agrupados bajo la marca Plataforma 2012 emitió un comunicado contra la medida: “Causa estupor que el mismo Gobierno que acepta la utilización de sustancias químicas contaminantes en la megaminería a cielo abierto, que traba investigaciones respecto de los perniciosos efectos que causa el glifosato en la salud humana usado en las 18 millones de hectáreas sembradas de soja, que no hizo jamás algún intento de paliar el escándalo ecológico del Riachuelo, alegue ahora razones de índole sanitaria para tomar una medida tan engañosa como falsa”.
El escritor argentino Hernán Casciari escribió un artículo que tuvo gran resonancia en la opinión pública y creó la etiqueta de Twitter #liberenloslibros. Ahí se podían leer tuits como: “La idiotez es una enfermedad extraordinaria. No es el idiota el que sufre por ella sino los demás (Voltaire)”. “En el tema editorial, este Gobierno está dejando una pésima impresión”. “Este año, por el peligro de la contaminación, en lugar de la Feria del Libro se hará la Feria de la Minería a Cielo Abierto”. “Se supo: lo que hizo chocar al tren del Sarmiento fue el exceso de plomo en las tintas de un libro importado”. “Me hace gracia que tenga algún tipo de popularidad el hash #liberenloslibros acá en Twitter. Es como fumarse un porro en comisaría”.
El viernes pasado, algunos responsables de Comercio informaron a los profesionales del sector editorial de que todo se debía a una interpretación de la ley demasiado estricta del servicio de aduanas. Pero tuvieron que transcurrir varios días y varias portadas de los principales periódicos del país hasta que ayer, la secretaría de Comercio comunicase a la Cámara del Libro y la de Publicaciones que ya no será preciso “intervenir” los libros y revistas importados dirigidos a los usuarios y que el problema se solucionará en los próximos días. El diario La Nación reproduce hoy la carta que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, envió ayer a Gladys Morando, la responsable de la Dirección de Técnica de Importación de la Aduana: «No resulta necesaria la intervención previa de la Dirección de Lealtad Comercial ni la presentación de certificación ni de declaración jurada ni documentación alguna por parte del importador para su liberación a plaza, siempre que la mercadería ingrese para uso o consumo del destinatario y su finalidad no sea la comercialización».
No obstante, las trabas a la importación de libros no han terminado. La resolución que impide la publicación de libros con un contenido de plomo superior al 0,06% sigue vigente. Y en los próximos meses se podrá utilizar para retener en las aduanas grandes partidas de libros destinados al comercio. Algunos libreros se quejan de que, aunque no existe ninguna prohibición de importar nada, las restricciones impuestas desde el año pasado por la secretaría de Comercio han reducido de forma considerable el volumen de libros importados. La directora de la Feria del Libro de Buenos Aires, Gabriela Adamo, advertía ayer en este periódico sobre el daño que las “improvisaciones” del Gobierno están infligiendo en la industria editorial argentina: “Han sido varias las medidas que se han anunciado y luego se da marcha atrás. Con cada una de ellas las cámaras del libro van y tratan de resolverla. Pero es un proceso de desgaste bastante complicado. Esto ya viene desde el año pasado”.